La sospecha en la década de los sesenta, por una parte de la comunidad científica, de que un ritmo tan acelerado de crecimiento en los países más desarrollados del planeta iba a traer consecuencias negativas sobre el planeta no tuvo una consideración seria hasta bien avanzados los años 80. Es en esta época cuando se celebra la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas, generadora del Informe “Nuestro futuro común”, también llamado “Informe Brundtland” y considerado pionero en la definición de Desarrollo Sostenible a nivel universal: “Aquel que satisface las necesidades presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer las suyas”.
El modelo de desarrollo propuesto en esta convención internacional ofrece una alternativa al desarrollo tradicional, estableciendo unos límites de crecimiento ya apuntados por el Club de Roma en 1972. Las premisas fundamentales contempladas en su momento siguen vigentes en los debates de actualidad:

  • Integración de los conceptos de desarrollo, bienestar social y calidad de vida.
  • Una distribución equitativa de la riqueza, tanto entre las generaciones presentes como con respecto a las futuras.
  • Una utilización racional de los recursos como condición para garantizar la habitabilidad del planeta a largo plazo.
La creciente sensibilización mundial y sobre todo, la constatación de las sospechas alarmantes de una contaminación desmesurada a escala mundial, con efectos inmediatos (destrucción de la capa de ozono, calentamiento del planeta, etc.) derivan en la búsqueda de mecanismos transnacionales con los que dar solución a una problemática compartida, en cuanto a sus causas y sus efectos. Los gobiernos buscan reflexionar conjuntamente y negociar compromisos que establezcan una mínimas “reglas del juego” para un crecimiento más racional. Los Programas de acción medioambiental de la Unión Europea (en 1992 se aprobaba el V Programa que ya promovía el desarrollo sostenible) fueron un paso en este sentido; pero será la célebre Cumbre de la Tierra organizada por Naciones Unidas en Río de Janeiro ese mismo año, la que verdaderamente siente un precedente en el trabajo conjunto de los países por un mundo más respetuoso con el medio ambiente. Su efecto mediático y el alcance de algunos de los convenios acordados, logró enmascarar las tensiones y la falta de consenso que impidió la aprobación definitiva de la Carta de la Tierra.

El compromiso con el desarrollo sostenible se recogió en cuatro documentos de la Cumbre: la Declaración de Principios, el Convenio marco sobre el Cambio Climático, el Convenio sobre Biodiversidad y la Agenda 21. Se acuña pues, en la Cumbre de Río, el término “ Agenda 21 ”, adoptando un nombre simbólico que caracteriza un siglo y una urgencia que requiere planificación.


La meteórica evolución de un recién nacido.

En la propia Cumbre de Río se propone la responsabilidad de las autoridades locales en el desarrollo sostenible, conminándolas a diseñar sus propios planes, sus Agendas 21 locales.

Han sido más de 10 años los necesarios para poder considerar a la Agenda 21 como una estrategia de desarrollo sostenible eficaz y asumible, validada a nivel internacional por el creciente número de administraciones locales que han iniciado su puesta en marcha.

En el camino quedan hitos significativos que han alimentado las inquietudes por diseñar políticas alternativas, de desarrollo y cooperación mutua entre administraciones locales y ciudadanos, en el marco de la Agenda 21 Local. Destaca la primera Conferencia europea de ciudades y pueblos sostenibles (1994), con la elaboración de la Carta de Aalborg, referente actual de modelo de compromiso que suscriben las instituciones para formalizar la puesta en marcha de su Agenda 21 Local. A ella han sucedido otras, generándose múltiples documentos y declaraciones internacionales, fruto del aprendizaje constante de experiencias previas: Carta de Lisboa (1996) , Declaración de Hannover (2000), Declaración de Gauteng (2002), Carta de Aalborg +10 (2004)

En este tiempo, la Unión Europea ha continuado con la sucesión de Programas de acción comunitarios en materia de medio ambiente. En 2002, se aprobó el VI Programa, haciendo un llamamiento al uso prudente de los recursos naturales y la protección del ecosistema mundial, que junto con la prosperidad económica y un desarrollo social equilibrado son condiciones imprescindibles para el desarrollo sostenible. A pesar de la fuerte apuesta que hizo Europa desde un principio por promover y apoyar políticas de desarrollo sostenible basadas en los principios de Río, no ha sido hasta el año 2001 cuando ha elaborado una Estrategia propia de Desarrollo Sostenible (EDS), ratificada en 2002 por el Consejo Europeo de Barcelona. En febrero de 2005 la estrategia ha sido revisada por la Comisión Europea, en un acercamiento a la primera evaluación de resultados y establecimiento de orientaciones futuras.

Los pasos dados en España han sido muy desiguales territorialmente, partiendo de una clara falta de experiencia en procesos de políticas participadas respecto a otros países europeos, pero que paradójicamente se ha resuelto, a priori, con una masiva adopción de compromisos y firmas de “Cartas de Aalborg”. Paradoja que nos posiciona en el país de Europa donde, de manera formal, mayor número de Agendas 21 locales se han puesto en marcha.
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